Informe de la Verdad

Dictadura y Represión en Nicaragua

Lucha contra la Impunidad

Desde 2018, el Gobierno de Daniel Ortega sostiene un régimen autoritario, con control absoluto sobre todos los poderes del Estado y sobre las fuerzas de seguridad. El informe evidencia la criminalización de la protesta, la violencia institucional, la estigmatización, detención y enjuiciamiento de opositores/as políticos/as (y el hostigamiento a sus familiares) y defensores y defensoras de derechos humanos, despidos arbitrarios de personas que se niegan a participar en actos políticos oficialistas, la violencia y amenaza contra periodistas, la agresión a quienes se manifiestan pacíficamente en contra del gobierno, el uso excesivo, abusivo y desproporcionado de la fuerza; la persecución y amenazas (que dieron lugar a altísimos números de exiliados/as) y la impunidad como mecanismo de control judicial. Estas graves violaciones a los derechos (a la vida, a la integridad física, a la libertad de expresión, a informar y ser informado, al derecho de asociación, a la libertad de movilización, a la protesta, a la salud, entre otros) son consideradas crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco de un terrorismo de Estado y de un Estado Policial de Excepción.

Este informe demuestra que en las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua existieron patrones repetitivos en los cuales actores estatales y paraestatales llevaron a cabo ataques organizados de diversa índole (asesinatos; detenciones arbitrarias, selectivas e ilegítimas); tortura (física, sexual y psicológica) y tratos inhumanos y crueles; persecuciones, etc.) a gran escala (más de un centenar de muertos/as, heridos/as y detenidos/as), de manera generalizada (en numerosas localidades y regiones del país), contra la población civil (mayormente joven), de forma premeditada y con conocimiento. Estudiantes, periodistas, defensores/as de derechos humanos, mujeres familiares de víctimas y líderes/as de diversos ámbitos (campesinos/as e indígenas, religiosos/as, de comunidades tradicionales, de la comunidad LGTBIQ+, integrantes de la oposición política) y las propias organizaciones de derechos humanos fueron los principales blancos de la represión. La extensión geográfica y temporal de los hechos, la cantidad de las víctimas, la gravedad de las acciones de represión, la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado y que respondieron a una política definida y avalada por las autoridades, da cuenta del carácter generalizado y sistemático del ataque contra la población civil.

Este informe aspira a ser una valiosa herramienta para la transformación política, social, económica, cultural y democrática de nuestro país. Se espera así que constituya un instrumento vivo de la lucha por la libertad, la democracia plena y en contra de la impunidad para las actuales y las próximas generaciones. Se trata de un documento que pone rostro a las víctimas y sirve para preservar la memoria, fortalecer la defensa de los derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación de víctimas y familiares, así como de la sociedad toda. Está dedicado a la memoria de todas las víctimas. Rendimos nuestros tributos a quienes han destinado su vida a la lucha por promover la democracia y proteger los derechos humanos; y a quienes la han perdido en su empeño.